Derecho Financiero
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Obligación de extranjeros pagar impuestos en México

Como toda disposición legal, la que establece los tributos debe fundar su existencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 31 fracción IV, así como la facultad correlativa del Poder Legislativo de establecer las contribuciones de conformidad con el artículo 73 fracciones VII Y XXIX, y el artículo 74 fracción IV.

Por lo tanto, se consideran ingresos tributarios, conforme a lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación, a los impuestos, a las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos, así como sus accesorios. (Delgadillo, 2009)

“La actividad financiera del Estado tiene un contenido económico que constituye su carácter universal, ya que se refiere siempre a la obtención de los medios para la satisfacción de necesidades. Pero, además, esa actividad está determinada por elementos políticos como consecuencia de la naturaleza de su sujeto activo, que actúa en función de intereses generales valorados con criterios relativos según las circunstancias de tiempo y lugar.” (Valdez, 1992)

El sistema tributario de cada país deberá ser una de las fuentes más importantes que los gobiernos tienen para hacerse llegar de recursos, toda vez, que lo que se busca todo el tiempo es que los encargados de gobernar, tengan los capitales suficientes para lograr el desarrollo nacional, siendo esta la razón de ser de los impuestos.



Sistema tributario mexicano

Hoy en día existe consenso sobre la debilidad del sistema tributario mexicano, propiciado por la baja recaudación impositiva y la dependencia de los ingresos, principalmente provenientes del petróleo.

De conformidad con el artículo 27 fracción I, 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 y 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, articulo 1, 2, 10, 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera, la empresa que se constituirá en la Cuidad de México se encuentra obligada de contribuir al gasto público, como cualquier persona jurídica que se encuentra en territorio nacional.

Artículo 27 fracción I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.

El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de este.

En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.



Obligación Constitucional de contribuir al gasto público

Artículo 31 fracción IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. (Mexicanos, 2020)

Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

  1. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.
  2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
  3. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral, distinta de un agente independiente, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional un lugar de negocios, si dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos celebrados por el residente en el extranjero y estos:

  1. Se celebran a nombre o por cuenta de este;
  2. Prevén la enajenación de los derechos de propiedad, o el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien que posea el residente en el extranjero o sobre el cual tenga el derecho del uso o goce temporal, u
  3. Obligan al residente en el extranjero a prestar un servicio. (LISR, 2020)

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional.

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

  1. Comisión: la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;
  2. Inversión extranjera:

a). La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas;

b). La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y

c). La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta Ley.

  1. Inversionista extranjero: a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica; IV.- Registro: el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras;
  2. Secretaría: la Secretaría de Economía
  3. Zona Restringida: La faja del territorio nacional de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta a lo largo de las playas, a que hace referencia la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
  4. Cláusula de Exclusión de Extranjeros: El convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.

ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. En el caso de las sociedades en cuyos estatutos se incluya el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional, se estará a lo siguiente:

  1. Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquél en el que se realice la adquisición,
  2. Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida, que sean destinados a fines residenciales, de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente.

ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional.

ARTÍCULO 16.- El procedimiento referido en el artículo anterior, se aplicará para sociedades constituidas que cambien su denominación o razón social.

Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión, deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha modificación.

Si estas sociedades son propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a fines no residenciales, deberán dar el aviso a que se refiere la fracción I del artículo 10 de esta Ley, dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 16 A.- Las solicitudes a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta ley deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía, dentro de los dos días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación. (LIE, 2020)



Tenemos así que, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, crea diversas obligaciones para quienes, se encuentren en el territorio nacional, siendo en su fracción IV, donde se establece la obligación de contribuir a los gastos públicos federales, estatales y municipales de cuyo cumplimiento depende económicamente la supervivencia de la organización social y política mexicana, dicha obligación no distingue entre las personas jurídicas o físicas.

Así también, -con base a la Ley de Inversión Extranjera-, todas las personas que tenga su centro vital de intereses en México, le corresponden la obligación a título unipersonal, del pago de contribuciones, tal aseveración ha quedado confirmada en el Derecho Positivo mexicano, por medio del siguiente criterio que representa una Tesis Aislada, dictada por Tribunales colegiados, que sirve para orientarnos, cuyo rubro dice:

OBLIGACIONES FISCALES. SU CUMPLIMIENTO ES A TÍTULO UNIPERSONAL.[1]

De la obligación constitucional establecida por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, Distrito Federal, Estado o Municipio en que se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, delimitada por el diverso artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación, acorde con el cual, aquella obligación de las personas físicas y morales de participar con impuestos para los expendios públicos, debe realizarse conforme a las leyes fiscales respectivas, se desprende la conclusión de que los sujetos se obligan en la forma y términos previstos en las leyes fiscales para cada una de las hipótesis en que se ubiquen y que, por tanto, fuera de los casos de responsabilidad solidaria, las obligaciones fiscales deben ser cumplidas a título unipersonal por el sujeto pasivo en quien recaiga dicho deber jurídico, al actualizarse en la especie el supuesto de causación exactamente previsto en la norma. De modo tal que la obligación del enajenante de cubrir el impuesto al valor agregado causado con motivo de la operación de enajenación de un bien inmueble de su propiedad, no puede tenerse por cumplida, por el hecho de que por error hubiere sido el comprador quien cubrió el citado impuesto, pues el cumplimiento de las obligaciones fiscales es a título unipersonal y su cumplimiento no puede ser transmitido, delegado o sustituido, por sujeto diverso, ya que ello contraría las reglas de nuestro sistema tributario, de observancia obligatoria y aplicación estricta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 107/2001. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Guadalupe, Nuevo León, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 27 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marina Chapa Cantú.

Así tenemos que, si un extranjero se encuentra en territorio nacional debe de contribuir al gasto público cuando, este realice actividades empresariales.

 



Referencias bibliográficas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020). CPEUM. Obtenido de Leyes federales vigentes: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf

Delgadillo, Luis Humberto. (2009). Principios de Derecho Tributario. México: Limusa.

LIE. (2020). Ley de Inversión Extranjera . Obtenido de Leyes federales vigentes: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44_150618.pdf

LISR. (23 de Mayo de 2020). Ley del Impuesto Sobre la Renta 2020. Obtenido de Leyes Federales Vigentes : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_091219.pdf

LIVA. (23 de Mayo de 2020 ). Ley del Impuesto al Valor Agregado 2020. Obtenido de Leyes Federales Vigentes : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_091219.pdf

Von Wobeser y Sierra S C. (2006). Guía legal para hacer negocios en México. México: Von Wobeser y Sierra S.C.

Váldez, R. (1992). Instituciones de derecho tributario . Argentina : Palma.

  1. Fuente: Novena Época Núm. de Registro: 188388 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.12 A Página: 523 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=188388

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Dora Isabel

Profesional contable especializado en temas fiscales, se ha desempeñado en diferentes empresas en Veracruz, actualmente es titular de su propia firma contable. Estudiante de Derecho en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Estudiante de la Maestría Estrategias Fiscales Impositivas

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